Los presos en una cárcel privada de Texas para inmigrantes se amotinan por las horribles condiciones

AARON MATÉ: Pasamos ahora a Texas, donde ha tenido lugar un motín de dos días, en el que participaron unos 2,000 inmigrantes presos. La protesta se llevó a cabo en una prisión privada en el condado de Willacy y comenzó el viernes, denunciando la deficiente atención médica. Los presos se negaron a tomar el desayuno y tomaron el control de parte de la prisión, prendiendo fogatas. Un vídeo tomado por el canal KGBT de Texas muestra a un grupo grande de presos en el patio, algunos trepando y agitando la cerca de la prisión. Según se informa, los guardias penitenciarios usaron gas lacrimógeno para sofocar la protesta. A partir de esto, funcionarios federales han catalogado la cárcel como “inhabitable” y están trasladando a los presos a otras instalaciones. Esta prisión ha sido llamada críticamente “Rimo”, un juego de palabras entre Gitmo (sigla con que se nombra a Guantánamo) y Raymondville, “la ciudad carpa”, ya que la mayoría de la población carcelaria duerme en grandes carpas tipo Kevlar. En un informe del año pasado, la ACLU señala que en el lugar se vive en condiciones: “[no] solo repugnantes, incómodas y deprimentes, sino también de hacinamiento”.

AMY GOODMAN: El Centro correccional del condado de Willacy en Raymondville, Texas es operado por Management & Training Corporation, una empresa privada con sede en Utah, propietaria del mismo. Es una de las 13 prisiones de gestión privada llamadas “Cárceles para Extranjeros Delincuentes” (CAR, por su sigla en inglés). Este motín constituye el tercer levantamiento registrado en prisiones para inmigrantes de gestión privada en los últimos años. En 2012, un guardia fue asesinado y 20 personas resultaron heridas en un motín en el Centro Correccional del Condado de Adams, en Mississippi. Esa prisión era operada por la empresa CCA, Corporación de Correccionales de Estados Unidos. En 2008, los inmigrantes presos en una instalación del Condado de Reeves, Texas, realizaron un levantamiento por la muerte de un preso llamado Jesús Manuel Galindo. Esa prisión era propiedad del Grupo empresarial GEO. Para ampliar esta información nos acompaña Carl Takei, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, autor del informe: “Warehoused and Forgotten: Immigrants Trapped in Our Shadow Private Prison System” (Almacenados y olvidados: Inmigrantes atrapados en nuestro sombrío sistema de prisiones privadas). Invitamos también a un representante de la empresa Management & Training Corp., pero rechazaron nuestra invitación al programa. Entonces, Carl ¿podrías decirnos qué ocurrió aquí, qué sabes acerca de lo que pasó? O sea, sabemos que, obviamente, en este momento debe ser difícil obtener información desde el interior de esta prisión privada. ¿Cuántos son los presos involucrados en el motín? ¿Qué ha pasado?

CARL TAKEI: Bueno, como mencionas, es difícil obtener información, porque lo que suele suceder cuando una prisión es tomada por los presos y las autoridades sienten que han perdido el control, es que uno de los primeros grupos en perder el acceso al lugar son las organizaciones no gubernamentales. Así que me estoy guiando solamente por lo que he escuchado en los medios. Al parecer, el levantamiento cuenta con la participación de hasta dos tercios de la población carcelaria de Willacy y, por lo que entiendo, fue motivado por las malas condiciones y el tema de la atención médica.

AARON MATÉ: Carl, ¿puedes darnos el contexto y los antecedentes de esta prisión, así como de esta red de cárceles para inmigración de gestión privada de la cual forma parte? Tu organización ha publicado un extenso informe sobre su situación.

CARL TAKEI: Así es. Willacy es una de las 13 cárceles privadas que tiene el sistema federal. Es una especie de sistema fantasma, de cárceles gestionadas por empresas privadas, dentro del sistema penitenciario oficial, regulado por la Oficina Federal de Prisiones. Estas prisiones albergan inmigrantes convictos por delitos de drogas e inmigrantes condenados por algo que se denomina reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación. La Oficina Federal de Prisiones ha confinado a los inmigrantes a estas prisiones asumiendo que todos serán deportados cuando se dicten sus sentencias. Y que por lo tanto puede tratarlos como presos de segunda clase, y entregarlos a estas cárceles con fines de lucro, que ya tienen un historial de agresiones y y maltratos a las personas que están bajo su custodia.

AMY GOODMAN: Entonces, Carl, ¿cuántas gente hay en esta prisión? ¿Y cómo es el predio? Hemos escuchado hablar de las carpas en las que viven los presos. ¿Qué está ocurriendo realmente?

CARL TAKEI: Antes del levantamiento había entre 2.800 y 2.900 personas encarceladas en Willacy. Y la prisión es, como decías, una ciudad carpa, lo que significa que el predio está ocupado por 10 tiendas de campaña tipo Kevlar de 60 metros de largo. En cada carpa hay alrededor de 200 hombres. Yo fui en 2013 y entrevisté a los presos, y la impresión que me quedó fue una abrumadora sensación de desesperación. La gente hablaba de cuán hacinado y cuán sucio estaba el lugar. Por la noche entraban insectos que subían a las literas y picaban a la gente. Los baños estaban constantemente desbordados, derramando aguas negras dentro de las unidades de vivienda y el hedor de las aguas residuales quedaba flotando en las carpas. También me contaron que tenían problemas con la atención médica y el uso excesivo del aislamiento. Llevaban a la gente a las celdas de aislamiento apenas llegaban vez a la cárcel, no porque hubieran hecho algo malo, sino simplemente porque las carpas estaban tan hacinados que ni siquiera había literas disponibles.

AMY GOODMAN: Un reciente estudio realizado por el Departamento de Justicia encontró que el número de personas arrestadas bajo sospecha de delitos federales se incrementó en más del doble entre 1994 y 2012, y que en 2012, los arrestos por violaciones migratorias llegaron a ser mitad de todos los arrestos federales. Según el Centro de Investigación Pew, el número de detenciones por reingreso ilegal a Estados Unidos aumentó 28 veces durante ese mismo período de tiempo. ¿Puedes hablar sobre estos informes y sobre el programa conocido como “Operation Streamline”?

CARL TAKEI: Sí. Durante la última década, hubo algunos delitos que eran poco judicializados, que estaban tipificados desde antes, pero que con los programas de tolerancia cero, como “Operation Streamline”, llevaron a un aumento enorme de los juicios de inmigración. Se procesa penalmente a la gente por cruzar la frontera de Estados Unidos. Y estos procesos han copado el sistema judicial federal en la frontera suroeste y también alimentan el ingreso de personas a estas “Cárceles para Extranjeros Delincuentes” (CAR) privadas. Y hay graves problemas en cuanto al cumplimiento del debido proceso con la “Operation Streamline” y la enorme cantidad de declaraciones de culpabilidad que hay en el marco de ésta. Hay también, como he dicho, esto también ha llevado a un gran incremento en la cantidad de personas que ingresan al sistema penitenciario federal por lo que previamente era tratado como una violación civil a la ley de inmigración.

AARON MATÉ: Carl, ¿podrías hablar sobre el aspecto político de este tema? O sea, ¿se ha dado algún debate sobre el hecho de tener empresas privadas administrando las cárceles para inmigrantes, creando efectivamente lo que se podría considerar un sistema penitenciario de segunda para inmigrantes? ¿Y hay alguna iniciativa para reformar este control privado?

CARL TAKEI: Es un problema enorme. En nuestro informe de 2014: “Warehoused and Forgotten” (Almacenados y olvidados) describimos la impunidad, la falta de supervisión y transparencia con que manejaba el tema Oficina Federal de Prisiones. Se trata de empresas cuyo objetivo es utilizar la tenencia, el encarcelamiento de seres humanos, y nuestros impuestos, para obtener ganancias máximas. Y esto crea una situación plagada de maltrato, irresponsabilidad y negligencia. Un ejemplo es la prisión CAR de Reeves, también en Texas, donde los propios monitores de la Oficina Federal de Prisiones determinaron que la empresa privada operadora de la prisión no estaba cumpliendo, no alcanzaba a cumplir con sus propios planes de rectificación. Y concluyeron también que la falta de atención médica en la cárcel estaba generando un sufrimiento significativo a los presos encarcelados allí. Y sin embargo, a pesar de estas conclusiones, la Oficina Federal de Prisiones igual decidió renovar el contrato de la empresa. Cuando otros funcionarios del Departamento de Justicia pidieron explicaciones por esto, los funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones dijeron que lo hicieron para preservar su imagen de buen cliente con las empresas privadas que operan prisiones.

AMY GOODMAN: Carl Takei, te damos las gracias por estar con nosotros. Abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y autor del informe: “Warehoused and Forgotten: Immigrants Trapped in Our Shadow Private Prison System” (Almacenados y olvidados: Inmigrantes atrapados en nuestro sombrío sistema de prisiones privadas). Seguiremos informando sobre el levantamiento en la prisión para inmigrantes de Raymondville en Texas, operada por una empresa con fines de lucro. Y por supuesto, seguiremos el tema más ampliamente, en todo el país. Esto es Democracy Now! Cuando regresemos, conversaremos con la hija de Malcolm X, siguiendo con la conmemoración del 50 aniversario del asesinato de Malcolm X. Quédense con nosotros.

Traducido por Miranda Sanfeliz. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en Español.