Titulares19 de enero de 2021

El lunes, la Organización Mundial de la Salud denunció que las naciones ricas están acaparando los suministros de las vacunas contra la COVID-19 a expensas de los países más pobres del mundo, lo que deja vulnerables a millones de personas de edad avanzada mientras se vacunan personas más jóvenes y sanas en las naciones más ricas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló el lunes desde Ginebra, un año después de que se detectaran los primeros casos de COVID-19 fuera de China.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: “Debo ser franco: el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral y el precio de ese fracaso se pagará en vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo”.

El doctor Tedros advirtió que los países ricos están eludiendo COVAX, el programa de Naciones Unidas para garantizar la distribución justa de las vacunas contra el coronavirus, aumentando los precios y poniéndose al frente de la fila para recibir las dosis. Esto se produce al tiempo que los casos de coronavirus confirmados en todo el mundo superaron los 24 millones, con más de dos millones de muertes registradas por COVID-19 a nivel mundial.

El número total de muertes por COVID-19 en Estados Unidos ha superado las 400.000, la peor cifra del mundo por un amplio margen.

El estado de California se ha convertido en el primer estado en superar los tres millones de casos. En el condado de Los Ángeles, donde unas diez personas mueren de COVID-19 por hora, las autoridades suspendieron las regulaciones de calidad del aire para permitir más cremaciones, luego de que las funerarias y los hospitales excedieran su capacidad para almacenar los cuerpos.

El jefe del Gabinete entrante designado por el presidente electo Biden, Ron Klain, advierte que el número total de muertes en Estados Unidos alcanzará el medio millón a fines de febrero.

Durante el fin de semana, el Gobierno de Donald Trump anunció que levantaría las restricciones de COVID-19 para los viajeros internacionales, pero el equipo de transición de Joe Biden dijo de inmediato que revocaría esos planes.

Los gobernadores de Estados Unidos están acusando al Gobierno de Donald Trump de difundir información engañosa sobre los suministros de las vacunas contra la COVID-19, luego de que el periódico The Washington Post informara que la reserva de vacunas del país estaba agotada en momentos en que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, prometió distribuir más dosis.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio advirtió que la ciudad tendrá que suspender la vacunación la próxima semana a menos que reciba un gran reabastecimiento. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, contactó el lunes al fabricante de medicamentos Pfizer para determinar si podía eludir la intermediación del Gobierno federal y comprar las dosis directamente de la compañía.

Mientras tanto, el principal epidemiólogo del estado de California ordenó la interrupción de la distribución de más de 300 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna después de que un lote se vinculara con un número de reacciones alérgicas “más alto de lo habitual”. Las vacunas retiradas de la distribución representan alrededor del 10 % del suministro total de California.

El FBI afirma que está investigando a los 25.000 tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la ciudad de Washington D. C. para la investidura presidencial de Joe Biden por temor a un ataque interno por parte de soldados partidarios del presidente Trump y por la insurrección que el mandatario incitó el 6 de enero. El FBI también advierte que los insurrectos armados podrían llevar uniformes de la Guardia Nacional para lanzar ataques.

Las advertencias se produjeron en medio de una imposición de restricciones de seguridad sin precedentes en la ciudad de Washington D. C. La Guardia Costera de Estados Unidos ha cerrado los ríos Potomac y Anacostia; y hay soldados fuertemente armados patrullando un estricto perímetro de seguridad alrededor del Capitolio. La Explanada Nacional estará cerrada al público durante la investidura presidencial del miércoles. En lugar de las multitudes habituales, se pueden observar casi 200.000 banderas estadounidenses que funcionarios colocaron en la explanada.

El FBI declaró que se está concentrando en los grupos paramilitares de extrema derecha mientras continúa arrestando a los líderes de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

En el estado de Texas, fiscales federales sostienen que el alborotador Guy Reffitt amenazó con asesinar a su esposa e hijos si lo entregaban a las autoridades y que, presuntamente, le dijo a su familia que “los traidores morirán a balazos”. Reffitt es miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha conocido como Three Percenters.

Los agentes federales también arrestaron a Bryan Betancur, un hombre que se autoproclama como supremacista blanco y que llevaba una tobillera con GPS como requisito para su libertad condicional por un cargo de robo. Betancur fue fotografiado en los disturbios del 6 de enero posando con una bandera de batalla confederada.

El lunes, el FBI arrestó a Riley June Williams, del estado de Pensilvania, y la acusó de haberse robado una computadora portátil de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Una denuncia del FBI acusa a Williams de intentar enviar la computadora portátil al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.

Asimismo, la revista The New Yorker ha publicado imágenes impactantes de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos que muestran cómo una turba violenta atravesó las líneas policiales a la fuerza, golpeó puertas cerradas gritando “¡Traición!” e irrumpió en las salas del Senado, buscando legisladores para confrontarlos.

Insurrecto 1: “¡Toc, toc! ¡Aquí estamos!”.

Insurrecto 2: “¿Es este el Senado? ¿Dónde [pitido] están?”.

El video, filmado por el veterano corresponsal de guerra Luke Mogelson, muestra a un grupo diverso de hombres blancos revisando documentos del Senado. Los hombres elogian al presidente Trump y los esfuerzos de los senadores republicanos Josh Hawley y Ted Cruz para revocar el voto del Colegio Electoral, posan para tomarse selfies y se paran en el estrado del Senado para hacer una oración, liderada por el partidario de las teorías conspirativas de QAnon Jacob Chansley. En el video, puede verse a Chansley dejándole una nota amenazante al vicepresidente Mike Pence.

Insurrecto: “Los amamos. Amamos a la policía”.

Jacob Chansley: “Es solo cuestión de tiempo. Se hará justicia”.

El martes, el Senado de Estados Unidos llevará a cabo audiencias de confirmación para cinco de los nominados del presidente electo Joe Biden para su gabinete: el general retirado Lloyd Austin para secretario de Defensa, Alejandro Mayorkas para secretario de Seguridad Nacional, Antony Blinken para secretario de Estado, Avril Haines para directora de Inteligencia Nacional, y Janet Yellen para secretaria del Tesoro.

Asimismo, Biden nominó a Gary Gensler para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores y a Rohit Chopra para presidir la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, promete emitir una serie de órdenes ejecutivas en su primer día de presidente que revocarán algunas de las acciones más polémicas del presidente Trump. Biden está listo para extender las moratorias a los desalojos y ejecuciones hipotecarias, extender la congelación de los pagos de préstamos estudiantiles federales y detener la acumulación de intereses de esos préstamos.

Biden también planea exigir el uso obligatorio de mascarilla para las personas que viajen de un estado a otro y que ingresen a edificios federales. En su discurso inaugural, el mandatario le pedirá a la población estadounidense que se comprometa a usar mascarilla durante al menos 100 días.

Biden cancelará la prohibición de viajes impuesta por Trump a las naciones cuya población es mayormente musulmana. El presidente electo también está listo para proponer un proyecto de ley de inmigración que brinde una vía de ocho años para que las personas indocumentadas en el país obtengan la ciudadanía.

Biden también firmará una orden para que Estados Unidos vuelva a unirse al Acuerdo Climático de París. Asimismo, en una medida histórica, se espera que Biden ordene la cancelación del permiso del oleoducto Keystone XL valorado en ocho mil millones de dólares.

En sus últimos días en la presidencia, Donald Trump ha emitido una serie de nuevas regulaciones medioambientales y energéticas para beneficiar a la industria de los combustibles fósiles y a otras grandes empresas que generan contaminación.

El viernes, el Servicio Forestal de Estados Unidos emitió una declaración final de impacto medioambiental, lo que prepara el terreno para una enorme mina de cobre en el bosque nacional de Tonto, en el estado de Arizona, que constituye tierra sagrada para la tribu Apache de San Carlos.

El secretario del Interior, David Bernhardt, firmó una orden para permitir la licitación de tierras para la explotación de minerales en casi cuatro millones de hectáreas en el oeste del estado de Alaska. El Departamento del Interior de Estados Unidos también ha reducido la cantidad que deben pagar las empresas de petróleo, gas y carbón para perforar en tierras y aguas de propiedad pública.

Otras decisiones de último minuto del Gobierno de Donald Trump podrían conducir a menores protecciones en la región del Noroeste del Pacífico para el búho manchado del norte, que se enfrenta a la extinción, y nuevas exenciones de los límites en las emisiones de dióxido de carbono que se impongan en el futuro para refinerías de petróleo, siderúrgicas y basurales.

En noticias de inmigración, muchos activistas están denunciando la deportación continua de solicitantes de asilo por parte del Gobierno de Donald Trump a pocos días de la investidura presidencial de Joe Biden. El periódico The Guardian informa que existen inquietudes de que los vuelos de deportación a África pueden continuar saliendo de Estados Unidos incluso el martes. En 2020, decenas de solicitantes de asilo de Camerún acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de torturarlos y obligarlos a firmar su orden de deportación. Esto ocurre al tiempo que está programada para el martes la deportación a Haití de un hombre de 40 años originario de Saint Martin, a pesar de que él nunca ha estado en Haití y de que ha vivido en Estados Unidos desde la edad de cinco años.

El Gobierno de Donald Trump ejecutó a Dustin Higgs en la madrugada del sábado, dos días después de ejecutar a Corey Johnson. Los dos hombres afroestadounidenses fueron las decimosegundas y decimoterceras personas en ser ejecutadas después de que el Gobierno de Trump restaurara la pena de muerte federal en 2020. Desde las elecciones presidenciales de noviembre, se han llevado a cabo seis ejecuciones. El viernes, la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Sonia Sotomayor criticó lo que ella denominó como el “cronograma de ejecuciones precipitado y sin precedentes” del Gobierno. Se espera que el presidente electo Joe Biden detenga las ejecuciones federales una vez que asuma el cargo.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene un nuevo abogado principal, Michael Ellis, un leal partidario de Trump. Se anticipa que Ellis comenzará a ejercer sus funciones el martes, el último día completo del Gobierno de Donald Trump. El sábado, el secretario interino de Defensa, Christopher Miller, ordenó al director general de la Agencia de Seguridad Nacional que contratara a Ellis de inmediato, a pesar de las inquietudes generalizadas por su falta de experiencia y su papel como agente republicano. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha prometido impugnar la decisión. En una carta a Miller, Pelosi escribió lo siguiente: “Los intentos de ponerlo en el poder o 'meterlo' en un puesto de Inteligencia sumamente importante 72 horas antes del comienzo de un nuevo Gobierno manifiestan una indiferencia inquietante por nuestra seguridad nacional”.

Se anticipa que el presidente Trump concederá hasta 100 indultos y conmutaciones el martes, en su último día completo en la presidencia. Esto se produce al tiempo que surge más información sobre cómo los aliados de Trump se han beneficiado personalmente de quienes buscan obtener un indulto. El periódico The New York Times informa que un asociado de Rudy Giuliani le dijo al informante de torturas de la CIA John Kiriakou que un indulto le “costará dos millones de dólares”. Kiriakou rechazó la oferta, pero le pagó 50.000 dólares a un exasesor de campaña de Trump para que lo ayudara a obtener un indulto. Si se concede el indulto, el exasesor recibirá una bonificación adicional de 50.000 dólares.

En Uganda, el candidato presidencial de la oposición Bobi Wine está en arresto domiciliario luego de su derrota en las elecciones de la semana pasada, que según él fueron manipuladas. Bobi Wine es un rapero que ahora se dedica a la política y que tenía como objetivo desbancar al presidente Yoweri Museveni, quien ha estado en el poder durante 36 años. La casa de Wine fue allanada por el Ejército el viernes después de sus críticas de un posible fraude electoral. Él mes pasado, Wine suspendió temporalmente su campaña política después de que le dispararan a su vehículo y de que miembros de su equipo resultaran heridos tras ser atacados.

La policía rusa arrestó el domingo al prominente líder de la oposición Alexei Navalny en el aeropuerto de Moscú, cuando este regresaba a Rusia. Navalny, un crítico fehaciente del presidente ruso, Vladimir Putin, fue envenenado en agosto con Novichok, un neurotóxico prohibido de tipo militar. Navalny había permanecido en Alemania después de casi perder la vida por el ataque. Un juez ordenó el lunes mantener en prisión preventiva a Navalny durante un mes. En respuesta, Navalny publicó un video instando a sus seguidores a protestar.

Alexei Navalny: “Así que los estoy convocando. No guarden silencio. Resistan. Salgan a las calles. Nadie nos protegerá si nosotros no nos protegemos. Pero somos tantos que, si queremos lograr algo, lo conseguiremos”.

En el estado de Florida, Rebekah Jones, una científica de datos que ayudó a construir el portal de seguimiento de los casos de coronavirus del estado, se entregó a la policía después de que el estado emitiera una orden de detención en su contra. Jones ha sido acusada de hackear datos confidenciales del Departamento de Salud de Florida, pero niega que las alegaciones sean verdaderas.

La policía allanó la casa de Jones en la ciudad de Tallahassee en diciembre y confiscó su computadora y teléfono mientras mantenía a su familia a punta de pistola. Jones dice que está siendo atacada en represalia por negarse a falsificar el número de casos de COVID-19 del estado. Jones acusó al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, de enviar a la Gestapo a silenciarla, haciendo alusión a la policía secreta de la Alemania nazi. Durante el fin de semana, la científica de datos escribió lo siguiente en Twitter: “El gobernador no ganará su guerra contra la ciencia y la libertad de expresión. No silenciará a quienes hablen”. Después de la traumática redada en su casa, Jones se había mudado a la ciudad de Washington D. C.

Visite nuestro sitio web, democracynow.org/es, para ver nuestra entrevista con Rebekah Jones.

El fin de semana, en Guatemala, las fuerzas militares y policiales bloquearon y disolvieron una caravana de miles de solicitantes de asilo hondureños que se dirigía al norte. Se han publicado videos en los que puede verse a militares y policías atacando a los solicitantes de asilo, incluidos menores, con gases lacrimógenos y porras. Varias personas resultaron heridas. Estas fueron las palabras expresadas por Angie Osorio, una solicitante de asilo hondureña.

Angie Osorio: “Los oficiales nos maltrataron. Nos trataron como perros. 'Vete a tu país', nos dicen. No es justo. Deberían ponerse una mano en el corazón. Los niños no tienen la culpa. Lo que están haciendo está mal. Hemos huido de muchas cosas que están pasando en Honduras, por eso no es justo que nos traten así, como perros, como animales”.

La caravana de unos 7.000 solicitantes de asilo salió de Honduras la semana pasada, debido a que la gente está huyendo de la devastación causada por dos huracanes consecutivos que azotaron la región en noviembre y de una crisis económica agravada por la pandemia. Estados Unidos ha ejercido una fuerte presión sobre el Gobierno guatemalteco para evitar que los solicitantes de asilo lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México.

La cadena CBS News informa que 700 menores refugiados, cuyas familias se vieron obligadas a quedarse en México mientras sus casos de solicitud de asilo se resuelven en los tribunales estadounidenses, terminaron cruzando solos a Estados Unidos. Desde 2019, decenas de miles de familias solicitantes de asilo se han quedado varadas en México debido al programa que el Gobierno de Donald Trump ha llamado Protocolos de Protección a Migrantes. El programa ha obligado a solicitantes de asilo a esperar en campos de refugiados precarios y abarrotados en los peligrosos pueblos del norte de México mientras sus casos se resuelven en los tribunales estadounidenses.