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En Honduras, varias comunidades están luchando contra la privatización y la explotación proveniente del extranjero, después de que la presidenta hondureña Xiomara Castro y el Congreso de ese país derogaran una ley que estableció las llamadas “Zonas de Desarrollo Económico y Empleo”, donde las empresas privadas tienen “autonomía funcional y administrativa” del Gobierno nacional de Honduras. Ahora, una empresa con sede en Delaware llamada Próspera ha iniciado una demanda judicial para impugnar la derogación de dicha ley en virtud del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. La compañía busca una compensación de casi once mil millones de dólares, lo que equivale a casi dos tercios de todo el presupuesto Honduras para 2022. Este es un ejemplo de los “derechos extremos de los inversores” que otorga este tratado comercial internacional, que además se opone de forma directa a la soberanía hondureña, dice Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de la organización Public Citizen. También hablamos con Venessa Cárdenas, líder del patronato de Crawfish Rock, la zona directamente impactada por la “Zona de Desarrollo Económico y Empleo” de la compañía Próspera en la isla de Roatán. Cárdenas describe el estrés que genera en la población local la pérdida del control sobre sus comunidades, y añade: “No sabemos cuándo nos quitarán nuestras casas. […] Nosotros, por supuesto, tenemos el derecho a ser libres y a ser consultados previamente sobre cualquier tipo de proyecto que se esté llevando a cabo en nuestra comunidad”.
Transcripción
AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. El informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman con Juan González.
Hoy vamos a Honduras, donde algunas comunidades están luchando contra la privatización y la explotación provenientes del extranjero.
La presidenta hondureña Xiomara Castro y el Congreso derogaron una ley promulgada por el Gobierno anterior de derecha que estableció lo que se conoce como “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” o ZEDE. La ley también permitió que se establecieran ciudades privadas y que las zonas económicas especiales tengan “autonomía funcional y administrativa” del Gobierno nacional, lo que los opositores denuncian como una amenaza a la soberanía hondureña y al sustento de las comunidades locales.
Ahora, una corporación con sede en Delaware llamada Próspera ha lanzado una disputa para impugnar la derogación de la ley, en virtud del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. La compañía estableció una de estas zonas en la isla de Roatán, y ahora está buscando una compensación de casi once mil millones de dólares, lo que equivale a casi dos tercios de todo el presupuesto de Honduras para 2022.
El mes pasado, la senadora demócrata Elizabeth Warren y otros 32 congresistas estadounidenses publicaron una carta en la que le piden a Biden que intervenga, y afirman que “grandes corporaciones están usando este régimen de solución de disputas defectuoso y antidemocrático como un arma para beneficiar sus propios intereses a expensas de trabajadores, consumidores y pequeñas empresas en todo el mundo”.
Para más información nos acompañan desde Bruselas Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de Public Citizen, y desde Honduras Venessa Cárdenas, líder del patronato de Crawfish Rock, la zona directamente impactada por la ZEDE de Próspera en la isla de Roatán.
Les damos la bienvenida a las dos a Democracy Now!
Venessa, mi pregunta es para usted. ¿Puede explicar lo que está pasando para nuestra audiencia global? ¿Hay corporaciones privadas dirigiendo ciudades, [dirigiendo] su comunidad?
VENESSA CÁRDENAS: Hola a todos. Mi nombre es Venessa Cárdenas y soy de la comunidad de Crawfish Rock, una de las comunidades en la cual fue instalada ZEDE Próspera. Hemos estado en esta lucha desde 2020, cuando nos dimos cuenta de que el proyecto de Próspera no era un proyecto normal, sino que es una ZEDE, que es una zona económica de desarrollo especial. Entonces nuestra lucha ha sido por la falta de transparencia, que siempre ha tenido Próspera, y que nunca fuimos consultados. Y también la soberanía, tenemos que defender nuestra soberanía y que las leyes de ZEDE, en especial nosotros vamos a hablar de ZEDE Próspera, han sido inconstitucionales. Nuestra lucha siempre ha sido porque queremos que las cosas sean hechas de buena manera y tenemos una falta, mucha falta de transparencia por parte de Próspera. Y viniendo de la isla de la Bahía, una isla muy desarrollada, que venga esta gente inversionista extranjera a llevar lo poco que tenemos, porque en las leyes también hablan de la expropiación, entonces nosotros como comunidad estamos muy preocupadas y hemos estado defendiendo con lo poco que podemos nuestra comunidad.
JUAN GONZÁLEZ: Venessa, ¿nos puede decir cómo cambió la actitud del Gobierno? Primero fue Juan Orlando Hernández quien incorporó las leyes que entonces hicieron posible la llegada de Próspera. Pero, ¿cómo ha cambiado desde que Xiomara Castro llegó al poder?
VENESSA CÁRDENAS: El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro… Una de las promesas de campaña fue la eliminación de la ZEDE Próspera, las ZEDE en general. Entonces, por medio de esa promesa recibió bastantes, muchísimos votos, ¿verdad?, por mucha gente que estaba preocupada por sus hogares. E igual ella ha cumplido en cierta extensión, porque sí ha sido desertada o derogada la Ley ZEDE, que fue uno de los pasos principales. Pero todavía falta el siguiente paso, que es el último paso, que es la ratificación de la ley por el Congreso y por los Supremos, por toda la Corte Suprema. Entonces, nosotros estamos todavía con la esperanza de que la presidenta Xiomara siga cumpliendo con su promesa y pues hasta ahora lo ha hecho. Pero necesitamos que esta ratificación sea posible dentro de este año, que sea hecho dentro de este año.
JUAN GONZÁLEZ: Y quisiera preguntarle…
VENESSA CÁRDENAS: Mientras, el Gobierno de Juan Orlando, Juan Orlando estaba detrás de las ZEDE. O sea que para él era un proyecto que él quería, por equis motivo, nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que dentro del Gobierno de Juan Orlando la promoción era para las ZEDE.
JUAN GONZÁLEZ: Y, Melinda St. Louis, yo quisiera preguntarle, cuando yo visité Honduras como periodista, más de 30 años atrás, ya existían zonas francas para fábricas de exportación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esas zonas francas que han existido por mucho tiempo y estas ciudades privadas?
MELINDA ST. LOUIS: Sí, las zonas francas es una cosa, pero estas ZEDE son un proyecto mucho más radical porque expropia el territorio de los municipios y los pone en las manos de las corporaciones y las empresas. Entonces, las empresas después pueden construir su propio Gobierno, su propio sistema de impuestos, su propio sistema de seguridad y de policía, su propio sistema judicial. Entonces, es mucho más radical y por eso hay tanta oposición en la población de Honduras, porque eso realmente le quita la soberanía del territorio a los hondureños.
AMY GOODMAN: Explique qué tiene que ver el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica con todo esto y hable acerca de los once mil millones de dólares. Y explique también qué es Próspera y qué están pidiendo los congresistas que, liderados por la senadora Warren, le han enviado una carta a Biden?MELINDA ST. LOUIS: Después de que la población hondureña logró de una forma democrática derogar esta Ley ZEDE, que fue una victoria democrática en el país, eso debería ser el final de la historia. Pero no lo es, porque hay un tratado de libre comercio que se llama CAFTA (por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y Honduras y otros países en Centroamérica, que otorga unos derechos muy extremos a los inversionistas. Entonces, una inversionista extranjera como Próspera, esta ZEDE, que es una compañía basada en Delaware, en los Estados Unidos, que se creó para crear esta ZEDE en la isla de Roatán.... Entonces, esta inversionista, porque es estadounidense, puede acudir a un tribunal extrajudicial que no está dentro de la Corte de Estados Unidos ni de Honduras, sino que es un panel de arbitraje, de tres árbitros privados que pueden decidir si el Gobierno ha violado los derechos muy extremos bajo el tratado.
Entonces por eso Próspera, primero amenazó al Gobierno hondureño diciendo que si no lo dejaba funcionar como antes de derogar la ley, entonces iba a lanzar este caso. Y dijo que iba a ser por 11.000 millones de dólares, que es dos tercios del presupuesto entero del país. Entonces, cuando el Estado de Honduras dijo “No, es nuestra soberanía que está en juego aquí”, entonces el año pasado, en diciembre, la compañía lanzó ese caso bajo CAFTA en un tribunal extrajudicial. Entonces está demandando 11.000 millones de dólares, no porque invirtió nada, nada comparado con lo que está demandando, porque ellos dicen que eso va a ser sus ganancias futuras de los próximos 50 años, si pudieran seguir como antes. Y es muy importante destacar que el Gobierno hondureño no expropió su tierra, no, entonces simplemente dijo que tenía que recuperar como otras zonas francas, otra jurisdicción, pero ellos dicen que no, entonces por eso están demandando por esa cantidad astronómica que podría dejar al país en bancarrota, a este país tan pequeño en América Central.
Y por eso… Solo quería añadir que por eso la senadora Warren y otros congresistas han escrito al Gobierno de Biden, diciendo que debería intervenir a favor de Honduras en este caso, y también de buscar cómo extraer y eliminar estas provisiones tan radicales dentro del Tratado de Libre Comercio para que otras corporaciones no lo puedan utilizar en el futuro.
JUAN GONZÁLEZ: Y Venessa Cárdenas, para los radioyentes que no saben mucho de Honduras, ¿nos puede hablar un poco de su comunidad, la isla de Roatán, que siempre ha sido parte de la comunidad garífuna de Honduras y que ha sufrido tanta discriminación? ¿Nos puede hablar del impacto de este proyecto en su comunidad?
VENESSA CÁRDENAS: Pues mi comunidad es una pequeña comunidad en el norte de la isla de Roatán, bellísima. Para los que han estado aquí en la isla, ya saben que la isla está bastante desarrollada, ya es un conocido destino turístico. Y pues el impacto ha sido más negativo, como le digo, el impacto ha sido más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque tenemos el estrés mental, psicológicamente preocupados por cuándo vamos a tener que irnos de nuestras comunidades o de nuestras casas, nuestros hogares. Y también el impacto que ha tenido en el desarrollo, todo el desastre que ha tenido en la deforestación y todo eso en… ahí, porque han bajado todo a cero. Entonces, hay muchas especies de animales, de plantas que hemos perdido, incluyendo la cuenca de agua que está ahí. Entonces, ha sido mucho el impacto negativo de Próspera dentro de la comunidad, y más que todo siendo una comunidad étnica. Nosotros… Esta comunidad es negra de habla inglesa y también pues estamos prácticamente por ser eliminados si Próspera sigue como ZEDE. Entonces, es preocupante la situación. Pero hemos confiado en Dios y hasta ahora él ha hecho todo por nosotros y podemos seguir adelante y seguimos confiando que esto se va a poder resolver de una manera u otra.
AMY GOODMAN: Esta es una pregunta para Venessa. Su presidente está en una cárcel de Estados Unidos condenado por narcotráfico y corrupción, el presidente anterior, Juan Orlando Hernández, a quien tal vez no considere como su presidente. El hermano de Hernández también está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Y fue Hernández quien firmó este acuerdo, que luego fue derogado por Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, y aún así sigue vigente. ¿Puede hablar sobre la reacción de su comunidad a lo que hizo este expresidente corrupto, que contó con el apoyo de Estados Unidos?
VENESSA CÁRDENAS: Nuestra reacción ha sido increíble. Nosotros realmente nunca pensábamos que íbamos a tener que enfrentar algo así. Esta comunidad, hemos sido una comunidad en el olvido, ni tenemos lo que son las necesidades básicas, como un centro de salud, y por creer que nos vienen a poner a esta comunidad en tanto peligro por el capricho de un expresidente de Honduras, nos tiene, nos ha tenido preocupados y también es uno de los problemas que tenemos con Próspera, ¿verdad? Han estado bajo esta misma sombrilla con un exnarco o un narco-Gobierno como el de Juan Orlando, entonces nosotros tenemos una falta de confianza en Próspera. Y en el Gobierno de Orlando pues hemos sufrido mucho y esto es como el último derrame que ha podido pasar a nuestro país y a esta pequeña comunidad, porque nosotros nunca pensábamos que íbamos a tener que enfrentar algo así. Nunca nos pasó ni por la mente y creo que esa era la idea, que siendo una comunidad tan pequeña yo creo que ellos no pensaron que íbamos a poder luchar contra ellos, pero sí hemos podido salir y defendernos a nuestra manera o lo poco que podemos. Y gracias a Dios que nos ha estado abriendo puertas y hemos avanzado, gracias a Dios.
AMY GOODMAN: Quiero darles las gracias a ambas por estar con nosotros. Venessa Cardenas, líder del patronato de Crawfish Rock, el área directamente impactada por la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de la empresa Próspera en la isla de Roatán, en Honduras, y Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de la organización Public Citizen, que nos hablaba desde Bruselas, Bélgica. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Pueden ir a nuestro sitio web para ver esta entrevista en inglés. Soy Amy Goodman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos.
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