“Derecho a la autonomía reproductiva”: la despenalización del aborto en México tiene importantes repercusiones para el auge de la “marea verde” en América Latina

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La Suprema Corte de Justicia de México emitió un fallo histórico que despenaliza el aborto a nivel federal. El seis de septiembre, en una decisión unánime, el tribunal anuló las sanciones penales federales relacionadas con el aborto. La gente salió a las calles para celebrar el fallo. Esta es la estudiante mexicana Marlene Moran.

MARLENE MORAN: México es un país increíblemente machista que todavía tiene ideales tradicionales muy, muy, muy arraigados. Y el que ya sea legal y que ya tengamos un antecedente jurídico que avale nuestras decisiones, implica un gran cambio. Y ojalá podamos ver ese cambio de pensamiento en la sociedad para que deje de apuntar y señalar con el dedo a las personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo.

AMY GOODMAN: Para más, nos acompañan dos invitadas. Desde Ciudad de México, nos comunicamos con Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE–Grupo de Información en Reproducción Elegida. Y desde Bogotá, Colombia, nos acompaña Cristina Rosero, asesora jurídica senior del Centro de Derechos Reproductivos, organización que fue parte de la demanda que dio lugar a la despenalización del aborto en Colombia en febrero de 2022. Bienvenidas a Democracy Now!

Rebeca, comencemos con usted. Su organización en Ciudad de México presentó esta demanda que finalmente condujo a la despenalización del aborto a nivel federal. Hable sobre la importancia de la decisión de la Suprema Corte.

REBECA RAMOS: Bueno, pues en primer lugar, es una decisión que confirma la decisión de 2021. En 2021, la Corte Mexicana tuvo la oportunidad de revisar la constitucionalidad de una ley a nivel local en el estado del norte de Coahuila, que hace frontera con Texas. Y ahí, por primera vez, la Suprema Corte de Justicia reconoce y estableció que la prohibición absoluta del aborto voluntario es inconstitucional porque viola una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la salud. Y hace apenas unos días, la Primera Sala de la Corte confirmó este criterio en torno al análisis que hizo sobre la constitucionalidad del delito de aborto a nivel federal. Y bueno, esto es una gran noticia porque confirma estos criterios, pero también abre la puerta para que las instituciones de salud federal en México puedan proveer servicios de aborto legal y seguro.

AMY GOODMAN: Rebeca, explique lo que esto significa. La despenalización del aborto es un hecho a nivel federal; sin embargo, la mayoría de los estados se oponen al aborto legal a nivel estatal. ¿Qué implica esto para el acceso a estos servicios?

REBECA RAMOS: Bueno. Tenemos un sistema federal en donde la materia penal se regula tanto a nivel estatal en su mayoría. Y ahí tenemos un grave problema todavía, en donde 20 estados de México siguen considerando el aborto como un crimen y no dan la posibilidad del acceso al aborto voluntario, por lo menos durante las primeras semanas de gestación. Pero en términos de acceso a los servicios de salud, son las instituciones federales quienes tienen una mayor cobertura en la población en México, alrededor de un 70% de los servicios de salud los proveen las instituciones federales.

Entonces, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia abre la puerta precisamente al acceso a los servicios. Y también es importante decir que en términos de criminalización, esta sentencia de la Corte de la que les hablaba, de 2021, obligó a toda la rama judicial, tanto a nivel estatal como a nivel federal, a no criminalizar a aquellas mujeres o personas con capacidad de gestar que hubieran interrumpido un embarazo.

Entonces parece un poco un rompecabezas el sistema jurídico mexicano, pero hemos dado avances muy significativos, sobre todo con estas dos sentencias de la Corte que permiten, por un lado, dejar de procesar penalmente a las mujeres o a las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Y por el otro, ahora se abre esta puerta para el acceso a los servicios en las instituciones federales.

AMY GOODMAN: ¿Cómo funciona esto? ¿Existen dos niveles de servicios reproductivos? ¿Hay clínicas federales, pero además clínicas de planificación a nivel estatal que no realizan abortos, por lo que las personas pueden ir a las clínicas federales en esos estados para recibir este servcio?

REBECA RAMOS: Eso es lo que esperamos que suceda. Tenemos en 12 estados, en donde ya se despenalizó al aborto, tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, en donde los servicios locales estatales han proveído abortos legales durante 16 años y ahora con esta decisión estamos esperando que el Congreso Federal reforme este Código Penal y que los hospitales federales abran el servicio. Hoy todavía no es una realidad, pero a partir de esta sentencia de la Corte es lo que tendría que suceder.

AMY GOODMAN: Rebeca, hable sobre el movimiento que condujo a esta decisión. No fue solo el fallo de la Suprema Corte de México lo que despenalizó el aborto, sino que fue un proceso iniciado por organizaciones de base.

REBECA RAMOS: Sí, yo creo que ahí lo que ha significado en México y a nivel regional el movimiento de la “marea verde” ha sido impresionante. Nosotras podemos ver, en el caso de México, que en 2007 se logra la despenalización en la capital del país y tienen que pasar 12 años para que el estado de Oaxaca despenalice el aborto. Y esto ya en medio de la movilización social, de la exigencia con los pañuelos verdes por el aborto legal y seguro, y también decir pues ahí el trabajo de los grupos y en las colectivas de acompañantes, que independientemente de la situación jurídica del aborto, han acompañado a muchas mujeres y personas con capacidad de gestar para tener abortos seguros. Y por supuesto, la inspiración que nos ha llegado desde Argentina y desde Colombia con la decisión de 2022 de Causa Justa.

AMY GOODMAN: Quiero incluir en esta conversación a Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos en Bogotá, Colombia. Usted hizo parte de un esfuerzo similar que dio paso a la despenalización del aborto en Colombia en febrero del año pasado. Hable sobre ese movimiento y, en concreto, de la situación actual del aborto en su país.

CRISTINA ROSERO: Sí, muchas gracias. En el caso de Colombia todo comenzó con el movimiento Causa Justa, que es una iniciativa de la organización La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Es un colectivo de más de 150 organizaciones en todo el país y varios activistas en lugares distintos de todo el país, en donde se comenzó a hacer una movilización, un poco como lo que comenta Rebeca, a partir de la movilización social y a partir de tener más personas involucradas en la lucha por el aborto legal localmente, que sin duda viene como un impacto también de la marea verde argentina, después de ver las masivas movilizaciones por la Ley de Causales que se aprobó allí durante el 2020. En este caso, para nosotras fue muy importante manejar esta situación con una discusión pública con mejores argumentos, que permitió que las personas comprendan mejor por qué las mujeres necesitamos acceso a este procedimiento y por qué el hecho de tenerlo criminalizado no va a evitar de ninguna manera que el aborto ocurra, sino que lo único que hace es causar que las mujeres eventualmente accedan a procedimientos que sean peligrosos o que no estén en las condiciones de salubridad adecuadas.

Desde ese punto de vista, en Causa Justa, logramos presentar esta demanda que en el 2022 resultó en la sentencia Causa Justa, la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, en donde se despenaliza el aborto hasta la semana 24 y a partir de la semana 24 se establecen las tres causales que ya habían sido aceptadas por la misma corte desde el 2006.

En este momento el movimiento está enfocado en la implementación de este trabajo que ha tenido, por supuesto, algunas barreras, algunas dificultades por algunas posiciones tradicionales que se niegan a aceptar el avance que logró la Corte Constitucional en este año. Pero sin duda la sentencia ha causado una diferencia en el acceso a los servicios y ha facilitado que muchas mujeres, en especial en zonas rurales, en zonas apartadas, ya puedan tener esta información y también puedan tener acceso a este procedimiento.

Por lo tanto, desde el movimiento vamos a seguir trabajando fuertemente en la implementación del fallo y en asegurarnos de que no se quede en el papel, sino que por el contrario, se traduzca en que más mujeres puedan efectivamente acceder a este procedimiento. Y no solamente las mujeres, sino también recordando a las personas trans y no binarias, dado que en este fallo también la Corte estableció que las personas trans y no binarias tienen acceso a este servicio y que deben también tener el derecho, al igual que las mujeres y niñas que lo requieran.

AMY GOODMAN: ¿Puede hablarnos de este movimiento, de esta llamada “marea verde” que recorre América Latina, especialmente países de mayoría católica conservadora como Colombia, México o Argentina?

CRISTINA ROSERO: Sí, sin duda. Creemos que la inspiración que vino a partir del pañuelo verde de las argentinas se ha expandido por todo el continente. Lo excelente de esta marea verde es que ha permitido poner en el debate público la realidad de las mujeres y poder entender mejor por qué una persona puede llegar a necesitar un aborto, alejándola un poco de estos estereotipos y de estos prejuicios que hacen pensar que el aborto es una decisión irresponsable o tomada a la ligera y, por el contrario, mostrando cómo las mujeres que usualmente necesitan acceder a un aborto han hecho una evaluación muy concienzuda de por qué o no ejercer la maternidad y tomar una decisión, por supuesto, acorde a sus propias convicciones y creencias.

Tanto en esos países de referencia como México, Colombia y Argentina, el debate ha sido muy público, en el sentido de llevar argumentos cada vez más claros de por qué la penalización del aborto no debería ser una medida tomada por los Estados. Y, por el contrario, cómo debería regularse esto como lo que es: un asunto de salud pública y un asunto de derechos humanos. Es decir, que debería estar regulado como un procedimiento de salud en las regulaciones sanitarias, pero de ninguna manera a través del Código Penal.

Creemos firmemente que estos países de referencia van a ser un buen precedente para que en el resto de la región sigan dándose las despenalizaciones. Creemos que en Latinoamérica se está liderando una conversación sobre la despenalización del aborto, pero no podemos olvidarnos de que tenemos todavía países con unas legislaciones muy restrictivas, en especial en Centroamérica, como en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, en donde se necesita dar pasos adelante para evitar que mujeres sigan siendo criminalizadas por acceder a servicios de salud reproductiva.

AMY GOODMAN: Hay países como Costa Rica, donde, a pesar de que el aborto está despenazilado desde 1970, el acceso al procedimiento sigue siendo un desafío. ¿Puede hablar de la falta de regulación y de protocolos de atención médica y cómo afecta eso a quienes tratan de tener acceso a un aborto seguro?

CRISTINA ROSERO: Sin duda. La falta de claridad en las regulaciones sanitarias por lo general termina resultando en una serie de barreras y dificultades que hacen muy difícil para las mujeres acceder efectivamente a este procedimiento. Costa Rica es el ejemplo preciso debido a que, en primer lugar, no existía una regulación médica que establezca cómo se aplica. La única causal que está permitida, que es el aborto impune en los casos de riesgo para la salud. No existe una claridad suficiente sobre qué se considera salud y en qué casos se establece que esa causal está configurada.

Desde el Centro estamos representando el caso de Ana y Aurora, que son dos mujeres que estaban cursando embarazos totalmente inviables, diagnosticados así por el servicio de salud, que además tenían graves complicaciones en su salud física y en su salud mental, que aún así solicitándolo de forma legal ante las entidades tanto sanitarias como de justicia, se les fue negado este procedimiento, causándoles por supuesto a ellas la finalización de un embarazo forzado y una serie de secuelas para su salud y su vida de forma permanente.

El caso de Ana y Aurora no es excepcional y tristemente es un caso emblemático que nos muestra cómo estas barreras siguen siendo muy reales incluso cuando tenemos despenalizaciones. Y por ese caso, por supuesto, hemos venido haciendo un llamado a la necesidad no solamente de establecer unos protocolos claros, sino también a superar la idea de que la regulación del aborto debería darse a través del derecho penal.

El caso de Ana y Aurora nos muestra claramente cómo las causales se pueden quedar cortas y es necesario tomar un paso adelante hacia la despenalización del aborto más ampliamente. Y esto también nos lo muestra la tendencia mundial; en el Centro de Derechos Reproductivos hacemos una revisión de las leyes de aborto a nivel mundial y encontramos que en los últimos 25 años, más de 60 países ha despenalizado el aborto para transitar hacia un modelo de plazos. Y estamos llegando cada vez más claramente a un consenso mundial de que debería dejarse el derecho penal para poder regular el aborto y más bien legalizar el aborto de manera que más personas tengan acceso a este procedimiento y puedan contar con confianza en el sistema de salud para poder realizar una planificación familiar con mucha más confianza, con toda la información y tomando decisiones libres e informadas.

AMY GOODMAN: Quiero traer a Rebeca Ramos nuevamente a esta conversación. Usted está ahora celebrando esta victoria en la Suprema Corte de México, y me pregunto qué piensa cuando mira al norte, a Estados Unidos, donde el fallo de Roe contra Wade [que legalizaba el aborto] ha sido anulado por la Corte Suprema. ¿Tiene alguna recomendación al respecto? Y en relación a la frontera con Estados Unidos y a toda la controversia con la gente que viene hacia el norte, ¿qué pasa con la gente que va al sur a abortar? Estaba mirando un informe de la cadena ABC 13 sobre las nuevas ordenanzas que prohibirían conducir por ciudades y condados en ruta hacia el lugar donde se vaya a realizar un aborto. Están hablando de criminalizar a las personas que atraviesan condados en su camino hacia otros estados o hacia México para abortar.

REBECA RAMOS: Yo creo que, bueno, desde México estamos muy satisfechas y ha sido un trabajo de muchos años, de por lo menos dos décadas con la Suprema Corte de Justicia, llevando información, trabajando con los equipos de las y los ministros de la Corte, pidiendo audiencias, llevando los casos. Entonces, creo que por una parte, y como lo saben bien en los Estados Unidos, estos procesos toman tiempo y es muy importante ver de qué manera se puede influir para que los perfiles que llegan a la Corte sean perfiles que estén comprometidos con el ejercicio de los derechos humanos, en este caso de los derechos reproductivos. Pero también algo que hemos hecho en México durante mucho tiempo, más allá del trabajo con la Suprema Corte mexicana, ha sido el trabajo a nivel estatal. Justo por este federalismo que tenemos y esta variedad de códigos penales, hemos trabajado muy de la mano sobre todo con personal de salud a nivel de los servicios estatales, pero también con legisladores y legisladoras en los Estados con quienes hemos ido avanzando ya son ahora doce estados que han despenalizar el aborto hasta el primer trimestre de la gestación, diez por la vía parlamentaria.

Entonces, me parece que esa parte es muy, muy importante. Y retomar lo que Cristina ya decía, cómo la tendencia a nivel global es hacia la legalización del aborto, no únicamente hacia la despenalización. Creo que ahí el movimiento por la justicia reproductiva, que precisamente nació en los Estados Unidos, ha sido muy claro en decir que no se trata únicamente de tener leyes o tener en el papel la permisión, el permiso para llevar a cabo ciertas… Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, sino que se necesita que el Estado tome su responsabilidad, que garantice el acceso a los servicios y sabemos que son retos que van más allá, incluso del movimiento por los derechos de aborto y que tienen que ver con situaciones estructurales de cómo están establecidos los sistemas de salud.

Entonces, me parece que también ahí es importante ver de qué manera se puede influir. Sabemos que actualmente la situación en los Estados Unidos es muy compleja y pues la Corte no es una aliada. Pero también en México hemos aprendido que esta causa toma mucho tiempo, que hay que tener paciencia. Y sobre todo creo que la gran lección que nosotros hemos tenido en México es cómo nos arropamos a nivel regional, cómo somos parte de una movilización más grande, en este caso la marea verde. Y por supuesto que nosotras desde México estamos para compartir ideas y estrategias con nuestras compañeras en los Estados Unidos.

AMY GOODMAN: Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, hablándonos desde Ciudad de México. Y Cristina Rosero, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Bogotá, Colombia. Para ver nuestra entrevista en inglés sobre este tema haga clic aquí. Soy Amy Goodman. Muchas gracias por acompañarnos.

Producido por Democracy Now! en Español.