Titulares13 de octubre de 2010

El primero de los 33 mineros chilenos atrapados fue rescatado tras permancer enterrado más de dos meses a gran profundidad. Los mineros, que se encuentran a más de dos mil pies bajo la mina de cobre derrumbada del desierto de Atacama, están siendo elevados a la superficie de a uno. Se preveía que iban a permanecer atrapados hasta Navidad, pero el fin de semana pasado se terminó de perforar un túnel de rescate. A primeras horas del día de hoy, el segundo minero en ser rescatado, Mario Sepúlveda, emergió de la cápsula y bromeando intentó darle al Presidente chileno Sebastián Piñera algunas piedras que trajo de la mina como recuerdo. En una conferencia de prensa, Sepúlveda instó a los medios a no tratar a los mineros como si fueran celebridades.

Mario Sepúlveda declaró: “A los profesionales que hacen todo esto, publicidad, televisión, lo único que les pido yo en términos personales es que por favor no nos traten como artistas ni periodistas. Yo quiero que me sigan tratando como Mario Antonio Sepúlveda, trabajador, el minero”.

Se prevé que el último de los mineros salga el miércoles a la superficie.

Una jueza federal dispuso que los militares de Estados Unidos dejen de aplicar la ley “No preguntar, no decir”, vigente desde hace diecisiete años, que prohíbe que los hombres y mujeres abiertamente homosexuales presten servicios en las Fuerzas Armadas. El jueves, la jueza Virginia Phillips —del Tribunal Federal de Distrito del Distrito Central de California— emitió una orden, un mes después de haber declarado inconstitucional la ley “No preguntar, no decir”. El fallo prohíbe aplicar la ley y ordena a los militares suspender de inmediato toda investigación o procedimiento de bajas.

Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama apeló una sentencia de un juez federal que impide al gobierno aplicar la Ley de Defensa del Matrimonio, de 1996, por la cual se niega el reconocimiento federal del matrimonio entre personas homosexuales. El gobierno de Obama dice que se opone a la ley, pero que está obligado a defender las leyes federales cuando éstas son desafiadas en la corte.

El gobierno de Obama levantó la prohibición temporaria que regía para las perforaciones petroleras en aguas profundas del Golfo de México. La medida fue impuesta en mayo, poco después de que la explosión de la plataforma Deepwater Horizon provocara una de las peores crisis ambientales de la historia de Estados Unidos. El martes, el Secretario del Interior Ken Salazar dijo que los operadores de 36 plataformas detenidas por la prohibición pueden solicitar ahora la reanudación de las perforaciones en alta mar antes de fin de año. En una teleconferencia con periodistas, Salazar dijo que el Golfo está ahora “abierto a los negocios”.

Ken Salazar declaró: “La política que estamos articulando hoy es que estamos abiertos a los negocios. Por lo que espero que muy pronto veamos una reanudación de las perforaciones en alta mar. No puedo decirles exactamente cuándo va a ocurrir, pero será pronto”.

La prohibición vencía a fines de noviembre. Grupos ambientalistas habían reclamado al gobierno que prorrogara la prohibición y la extendiera a las perforaciones en aguas poco profundas. En una declaración, el grupo de vigilancia ciudadana Public Citizen calificó al levantamiento de la prohibición como “equivocado y temerario” y agregó: “Todavía no tenemos manera de abordar una explosión catastrófica en aguas profundas… Sin disponer de la tecnología adecuada para impedir que se derramen millones de galones de petróleo desde el fondo del océano, estamos sencillamente jugando a las apuestas con nuestro medio ambiente”.

En noticias relacionadas, la senadora demócrata Mary Landrieu, de Luisiana, dice que seguirá bloqueando la nominación de Jack Lew a la jefatura de la Oficina de Administración y Presupuesto hasta que se concedan los permisos de perforación. Landrieu se valió de un privilegio senatorial el mes pasado para dejar en suspenso la nominación de Lew hasta que se elimine la prohibición a las perforaciones.

Los fiscales generales de docenas de estados anunciarán hoy una investigación conjunta del presunto fraude que habrían cometido las principales instituciones prestamistas del país al obligar a miles de personas a abandonar sus casas. La investigación se centrará en las acusaciones que sostienen que empresas hipotecarias como el Bank of America, J.P. Morgan Chase y Ally Financial realizaron declaraciones engañosas o fraudulentas y autorizaron documentos sin la revisión adecuada para aprobar docenas de ejecuciones hipotecarias. Además, el martes, Ally Financial anunció que había extendido a los cincuenta estados una auditoría independiente de las prácticas de ejecuciones de su división hipotecaria GMAC. Ally y JPMorgan Chase suspendieron las ejecuciones en veintitrés estados, mientras que el Bank of America lo hizo en todos. La semana pasada, Ohio presentó una demanda contra Ally acusando a la empresa de fraude en la aprobación de centenares de ejecuciones hipotecarias. Mientras tanto, el gobierno de Obama renovó su oposición a una moratoria nacional para las ejecuciones. El martes, el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que el congelamiento de las ejecuciones podría provocar “un daño mayor (…) al mercado inmobiliario y a la recuperación del sector”.

Las novedades se conocieron al tiempo que trascendió información sobre las prácticas de los prestamistas. El martes, un abogado de Florida que representa a centenares de propietarios divulgó testimonios de empleados bancarios en los que se describe el frenesí para aprobar las ejecuciones en forma masiva. El abogado, Peter Ticktin, afirma que obtuvo el testimonio de 150 trabajadores que dicen haber firmado declaraciones juradas de ejecuciones sin mirarlas. Algunos de los trabajadores, que antes eran peluqueros, trabajadores de planta de Wal Mart y obreros de líneas de montaje, no tenían experiencia alguna y no recibieron ninguna capacitación.

Un nuevo estudio del Congreso indica que el número de personas a las que se les negó cobertura médica debido a afecciones preexistentes aumentó en casi un 50%. Según el Comité de Vivienda, Energía y Comercio, durante los últimos tres años las cuatro principales aseguradoras lucrativas —Aetna, Humana, UnitedHealth Group y WellPoint— le negaron cobertura a un 49% más de personas debido a su historia clínica. El año pasado se les negó cobertura a más de 257.000 personas, en comparación con 172.000 en 2007. Las cuatro empresas siguieron una política de considerar el embarazo como una “condición preexistente” que provocaba un rechazo automático de la cobertura. Una disposición de la ley de asistencia médica que prohíbe que se niegue cobertura a los adultos basándose en su historia clínica no entrará en vigor hasta el año 2014.

Comenzaron las declaraciones de apertura en el caso de Ahmed Khalfan Ghailani, el primer detenido de la Bahía de Guantánamo en afrontar un juicio civil. Ghailani compareció en un tribunal de Nueva York el martes por cargos de haber participado en los atentados con bomba de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, que provocaron la muerte de 224 personas. Laura Pitter, de Human Rights Watch, afirmó que el juicio de un prisionero de la Bahía de Guantánamo en un tribunal civil en lugar de en una comisión militar tendría que haber sucedido hace tiempo.

Pitter dijo: “Es mejor que las comisiones, porque las comisiones tienen un gran número de impugnaciones legales por delante. No hay normas respecto a las pruebas, todo es ad hoc y preparado sobre la marcha, y como consecuencia, están sujetas a muchas impugnaciones legales y las víctimas merecen justicia”.

El comandante del Ejército acusado del asesinato de trece personas en Fort Hood, Texas, el año pasado, compareció ante un tribunal militar el martes para intentar postergar su juicio por asesinato. El comandante Nidal Malik Hasan podría ser condenado a muerte si es declarado culpable. El portavoz de Fort Hood Thomas Rheinlander afirmó que los abogados de Nidal están intentando postergar el juicio debido a la negativa por parte del Ejército a publicar documentos vinculados al caso.

Rheinlander dijo: “Durante la audiencia de hoy en virtud del Artículo 32 la defensa pidió que se reconsiderara una petición previa de clausura. El oficial de investigación rechazó la petición. El acusado pidió un aplazamiento hasta el 8 de noviembre. El oficial de investigación le dio tiempo a la defensa hasta la medianoche de hoy para presentar un escrito fundamentando esta petición de aplazamiento”.

La Corte Suprema rechazó un caso presentado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en nombre de dos residentes de Denver que fueron expulsados de un discurso del ex Presidente George W. Bush en 2005. Leslie Weise y Alex Young fueron expulsados antes de que Bush subiera al escenario luego de que el personal de la Casa Blanca notó una pegatina en el parachoques de su auto que decía “No a la sangre por petróleo”. ACLU demandó a la Casa Blanca por infringir los derechos constitucionales de estas dos personas, pero el caso fue desechado en 2008. En una declaración, ACLU dijo: “La idea de que el gobierno pueda excluir a cualquier persona que elija de un evento simplemente debido a que sus opiniones no concuerdan con la del presidente, es inconstitucional y anti-estadounidense. Confiamos en que el daño que se hizo a Leslie Weise y a Alex Young será reparado algún día”.

La gigante de Internet Google anunció una inversión en una línea de trasmisión electrónica propuesta que transportaría energía generada en parques eólicos cerca de la Costa Este. La Atlantic Wind Connection traería energía generada por el viento mediante una red de cables submarinos. El director de las operaciones comerciales ecologistas de Google, Rick Needham, dijo que el proyecto reforzaría la tendencia a la energía eólica costa afuera.

Needham afirmó: “En lugar de conexiones múltiples por partes, esto servirá como una autopista de energía limpia, con vías de acceso para los parques eólicos y la capacidad de ser expandida inteligentemente para incrementar aún más la cantidad de energía eólica disponible costa afuera”.

Portugal fue electo para ocupar un cargo por dos años en el Consejo de Seguridad de la ONU tras superar a Canadá en una segunda vuelta. El Presidente de la Asamblea General, Joseph Deiss, anunció los resultados.

Deiss dijo: “Número de votos obtenidos: Portugal 150, Canadá 32. Tras haber obtenido los dos tercios de votos requeridos y el mayor número de votos, Portugal es electo al Consejo de Seguridad. Portugal es electo como miembro del Consejo de Seguridad por un período de dos años que comenzará el 1º de enero de 2011”.

La postulación canadiense había suscitado oposición interna en Canadá debido a las políticas del gobierno conservador sobre el calentamiento global, los derechos de los indígenas y el conflicto entre Israel y Palestina. Otros países electos al Consejo de Seguridad el martes fueron Alemania, India, Sudáfrica y Colombia.

Y decenas de miles de personas marcharon el martes en París, la capital francesa, en la más reciente protesta contra la ola de medidas de austeridad en Europa. Los organizadores dicen que más de 330.000 personas concurrieron a la marcha. Los sindicatos franceses organizaron una campaña para presionar al Presidente Nicolas Sarkozy para que deje de lado los planes de aumentar la edad para jubilarse de 60 a 62 años.